BAJA DE IMPUTABILIDAD A MENORES DE 16 AÑOS

            El proyecto del gobierno nacional sobre la edad de la imputabilidad de delitos en “nuestros” adolescentes no puede menos que encender la pasión por un problema que lastima a todo aquel que se precie amante de la vida humana.

 

La siguientei mirada no es “académica”, sino desde la experiencia limitada de la propia vida en la que sí me he relacionado siempre con adolescentes en situación de vulnerabilidad, acompañándolos para que encuentren su propia vida lo más saludablemente posible.

 

Ciertamente, podría argüir en favor de esta postura, que si consideráramos la visitas a diferentes instituciones (relacionándome con ellas) dedicadas a la educación de menores en diferentes situaciones como haber leído un libro, pues serían muchos… y éstos, desde la educación formal, pasando por muy diversos institutos dedicados a menores: de barrios vulnerables, de sistemas abiertos, semiabiertos, semicerrados y de situación penal (con rejas de hierro y también farmacológicas)..

 

Pero no alcanza, no podríamos llamar esta visión, de un “nivel académico”

 

El límite del abordaje

 

            Una mirada sobrevoladora de ésta (y otras situaciones), obliga a preguntarnos desde qué contexto buscamos dar respuesta a la problemática de menores en conflicto con la Ley Penal. Es común en nuestra época afirmar respuestas a las que queremos llegar generando las preguntas que necesitamos para lograrlo; dirían nuestros padres: “poner el carro antes del burro” (o el burro después del carro). Es común a nuestro arco social y político afrontar cualquier problemática desde las encuestas, pretendiendo apropiarse de los saberes y dándole carácter dogmático.

 

            Y del mismo modo, una cuestión epistemológica a considerar, propia de nuestro tiempo,  es el no separar el objeto de estudio del marco teórico desde el cuál se interpreta esta realidad. Y en cuestión de minoridad los límites extremos podrían ubicarse en un arco sumamente amplio: desde la educación para la individualidad extrema, hasta la educación para la guerra. Pienso en una mamá que educa a sus hijos para que sepan defenderse en este mundo interpretado como muy hostil (hijos de madres institucionalizadas p.e.); pienso en una sociedad que idiotiza para que no cuestione un capitalismo deshumanizante.

 

            Pero además hay otra cuestión, más teórica, que suele estar en las raíces de las ciencias duras: los límites sobre los cuales se ejerce el análisis científico. En cuestiones humanas, y mucho más en educación, y más aún en la educación de sectores donde el crecimiento se da en condiciones de altos déficits de todo tipo, es imposible lograr parámetros válidos para todos, ni para algunos siquiera. Es muy frecuente que las clases medias (en cualquier sentido) creen que puestas las condiciones básicas y una buena dosis de amor, los resultados deberían ser positivos…. y en estos temas no aplica la matemática, ni los buenos deseos. Los procesos humanos son terriblemente complejos y no bastaría tener en mente todas las alternativas para el logro de los objetivos propuestos.

 

            Para no abundar de la paciencia del lector, no seguiría agregando pálidas a nuestro interés por el tema, aunque las haya y muy interesantes, como el análisis de las generaciones previas a cada integrante y la idiosincrasia que persiste más allá de la historia individual del menor en cuestión.

 

            De lo que la vida me ha dado y he alcanzado a ver, el éxito (siempre precario), no dependería tanto de la estrategia o método empleado, sino la calidad de las relaciones humanas con el que se lo aplica. Y con la paciencia de saber que hay problemáticas personales que llevan algún año en su logro (siempre parcial respecto de las expectativas), y con la paciencia que otras -generalmente sociales- llevan generaciones enteras.

 

            Centrándonos en la problemática propuesta, la baja de la imputabilidad de delitos en menores de 16, un buen artículo (con una ya definición sobre la misma) está en Página 12:

https://www.pagina12.com.ar/824701-solo-son-los-24-menores-de-16-anos-detenidos-por-homicidios- , particularmente en los párrafos sobre lo que hoy se realiza:

 

En medio del debate y con los números sobre la mesa, Cipriano sostuvo que no es cierto que hoy "no pase nada" con los jóvenes menores de 16 años que comenten delitos graves. “Esos pibes no escapan a la acción de la justicia. Están encerrados en los mismos institutos de jóvenes donde están los que tienen entre 16 y 18 años”, contó.

Actualmente, la Ley 22.178 tiene un artículo que establece medidas especiales para los casos de menores de 16 que cometen delitos graves, donde los jóvenes no punibles quedan a disposición de un dispositivo que depende de la justicia civil y no de la justicia penal. Es decir, se interna de forma provisoria a estos adolescentes en lugares con condiciones de encierro semejantes a las de una detención de cualquier mayor de 16 años.

Y en el contexto en el cual se plantean las respuestas:

 

En este sentido el abogado y psicólogo social manifestó qué, si el proyecto se convierte en ley, va a profundizar el proceso de “adultización y carcelización” que se viene dando desde hace años. Los centros especializados de jóvenes “se convierten en cárceles de adultos, y se da un proceso de carcelización” donde se iguala a las personas menores con las mayores, por lo que caracterizó al texto de “regresivo”.

“Se plantea resolver la problemática a partir de políticas punitivas cuando en realidad hay que resolver con políticas sociales y políticas educativas. Hay que llegar antes frente a esas situaciones de vulnerabilidad que llevan a los pibes al delito”, agregó.

Considero, por tanto, que habría que tomar cartas en el asunto de los menores que delinquen, a participan instigados por adultos más aún cuanto menor sea la edad que tengan. Pero qué hacer con ellos cuando se dan estas circunstancias es el centro del problema.

 

En nuestro país, a mediados del siglo pasado había una contención de menores carecientes de familia estable, integral y abarcativa, desde hogares de internación, desde clubes de barrio y colonias de vacaciones multitudinarias, hasta hogares de internación completa. Y no digo que sea una panacea, sino que se enfrentaba decididamente el problema de menores en situación de vulnerabilidad.

 

En la década de los 90, por cambios culturales y tal vez motivaciones más inconfesables, los grandes hogares (muchos de ellos llevados adelante por congregaciones religiosas) y también el Estado (subsisten  aún hoy en lugares muy solitarios: escuelas albergue p.e.), cayeron en descrédito, al igual que los hospitales psiquiátricos. En  Córdoba me relacioné con dos llevados adelantes por los Padres Lucchesse y Aguilera, con 450 personas (niños y adultos) y 650 (niños, mamás a cargo y otros adultos) respectivamente, este último en un estilo de familia monoparental en casas de hasta 12 integrantes. El último casi desaparecido y el primero con unos 140 niños, unos 80 con discapacidad profunda. La Escuela de Trabajo Social “Domingo Cabred” participó en una campaña de desprestigio de cualquier institucionalización. Al Hogar del P. Aguilera (después que fallece repentinamente en el 2006 aproximadamente) intervino brutalmente el Estado haciéndose cargo (¿?), con la excusa de “abusos sexuales”

 

(Excursus: la problemática de abusos sexuales en instituciones de menores es un tema aún tabú, como lo es en general en la sociedad misma. A mi parecer no resuelto, y faltando mucho para que la sociedad lo enfrente seriamente yendo mucho más allá del necesario aspecto punitivo de los perpetradores. Aún en la Iglesia, que si bien lo aceptó como problemática real y lacerante, más buen tomó el rol de chivo expiatorio de esta problemática (excelente que acepte su realidad y culpabilidad), y ocultando la extensión  misma de la cuestión.)

 

 Habiéndome relacionado con el Estado cordobés durante más de diez años, recibiendo un magrísimo y retardadísimo aporte (hasta un año de atraso) para contención integral en Hogares (llegamos a acompañar hasta 92 personas), y relacionándome con otras instituciones que en ese tiempo desaparecieron, no me cabe la menor duda que la motivación principal (¿única?), fue el desentenderse de la educación integral de menores y familias en situación de vulnerabilidad. Hoy lo vemos muy claro que es una premisa del capitalismo salvaje que guía nuestra cultura y política. Y en esto, muy teñido también de clientelismo, fue mucho mejor enfrentado por el Radicalismo Cordobés que por gobiernos posteriores de signo contrario.  Una de las acciones más importante fue reducir enormemente la competencia de la Justicia Prevencional y Penal de menores, poniéndola en manos del Ejecutivo aumentando la discrecionalidad de medidas y recursos, aunque haya que admitir mayor humanización de las medidas.

 

Por último y tal vez más importante y preocupante: el acrecentamiento de las situaciones de pobreza, y de aceptación cultural de cualquier “droga” despersonalizante como modo de sometimiento de las sociedades; el lucro de la clandestinidad en manos de los círculos de poder; el reclutamiento de menores para la comercialización (en donde se pone la excusa para la baja de imputabilidad como uno de los mayores motivos), complejizan el problema y lo llevan a un desenfoque de aquellos victimarios que generalmente han sido primero víctimas de una sociedad que tiene cada vez menos de un humanismo sano.

 

Concluyendo, afirmaría algunas convicciones personales: el problema no es la edad, sino el modo de intervención; es el rol del Estado en el acompañamiento de familias y menores, la prevención es educación integral de las familias. Capitalismo sano sería no eliminar (o encerrar en este caso) quienes perjudican a los dueños del poder económico. Las personas que hoy no se atienden adecuadamente, nos multiplica la problemática por 4 en 20 años. O formamos un mundo de hermanos, o un mundo de asesinos. Poner el acento y generalizar en los delitos cometidos menores (ver las estadísticas), no generarán nunca políticas adecuadas, aunque se las proponga como soluciones urgentes e inmediatas. Y debemos asumir que el cambio de paradigma en estos temas humanos insume al menos 2 generaciones de políticas continuadas y coherentes. En Argentina prácticamente imposible.